Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue supuestos abusos del Gobierno de Venezuela a los derechos humanos, por el uso de la fuerza para reprimir a la oposición.
La queja contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro constituye la primera vez en que países miembros de la corte, que tiene su sede en La Haya, piden a fiscales investigar a otra nación firmante.
“Se solicita a la corte que, tras evaluar la información de que se disponga, inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014”, dijo la carta firmada por los mandatarios de los seis países a la Reuters tuvo acceso.
La misiva precisó que la investigación debe determinar si se acusa a una o varias personas por la posible comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelación u otra privación grave de libertad física, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y desaparición forzada de personas.
La carta fue dirigida a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y firmada por el primer ministro de Canadá y los presidentes de los otros países.
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente colombiano, Iván Duque, pidió que “se ejerzan todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la Corte Penal Internacional a quienes han sembrado esa tragedia deleznable” en Venezuela.
Duque dijo que el mundo debe unirse y actuar para detener la dictadura venezolana, que ha provocado un éxodo que calificó como “la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región”.
Miles de venezolanos han abandonado su país presionados por la hiperinflación, además de una escasez generalizada de alimentos y medicinas. Colombia se ha convertido en el principal receptor de venezolanos y en los últimos 18 meses más de un millón de personas cruzaron la frontera, según estadísticas oficiales.
Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que “creemos que la opción militar es una mala opción porque uno sabe cómo comienzan (pero) nunca sabe cómo terminan y qué costo tienen en términos de vidas humanas y de sufrimiento”.
“Pero eso no significa que no tengamos un firme compromiso (…) por hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro del marco del derecho internacional para que el pueblo venezolano pueda recuperar lo que un grupo de personas le ha usurpado, su libertad, su democracia, su estado de derecho, el respeto a los derechos humanos”.
FUENTE: DIARIO LA REPÚBLICA (CO)