Para el último trimestre del año, el Gobierno prevé enviar a la Asamblea un proyecto de reforma tributaria, anuncia el ministro de Economía, Richard Martínez. Esto es parte de las acciones que debe cumplir el régimen en el marco del acuerdo con el Fondo Monetaria Internacional (FMI), que se aprobará definitivamente hoy durante la reunión del Directorio Ejecutivo (Board), última instancia de decisión. La cita se desarrollará en Washington.

El FMI entregará al país $ 4.200 millones en tres años. Martínez espera que en esta semana se concrete el primer desembolso por unos $ 650 millones. Aparte, otros multilaterales comprometieron $ 6.000 millones en el mismo periodo.

El ministro no precisa qué impuestos bajarán, subirán o se eliminarán con esta reforma.

Pero explica: “El actual sistema tributario está estructurado para el modelo económico de la década pasada. Es necesario trabajar en una reforma que nos permita contar con uno que acompañe la nueva dinámica del país, que sea más simplificado, más equitativo y que promueva el crecimiento”.

Por ejemplo, Martínez considera que, actualmente, hay “un excesivo gasto tributario”, que podría reducirse “optimizando o eliminando exenciones tributarias no justificadas, los regímenes especiales y las preferencias de quienes en realidad no lo necesitan”.

“También podemos tener un margen de acción importante al ampliar la base impositiva y fortalecer el actual sistema de administración tributaria con la fusión del SRI (Servicio de Rentas Internas) y Aduanas. Como vemos, es posible contar con un sistema tributario moderno sin afectar a los grupos más vulnerables”, dice.

Martínez señala que, en los próximos meses, el régimen impulsará espacios de diálogo.

Desde la Asamblea, el legislador socialcristiano Henry Cucalón anticipa que su bloque, como ya ha ocurrido antes, apoyará las leyes que incentiven las inversiones. Aunque agrega: “Toda normativa que le meta la mano al bolsillo a los ciudadanos ya sea elevando tributos o poniéndolos de manera camuflada, por ejemplo que ya no se pueda deducir el impuesto a la renta (IR), jamás contará con nuestro voto”.

Wilma Andrade (ID) cree que el nuevo esquema tributario debería promover incentivos que, a su vez, permitan la generación de empleo. Y recuerda que ella planteó que se impulse un Acuerdo Nacional por el Empleo en el marco de los diálogos del Gobierno.

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Andrade considera que la reforma debe ser estructural para atacar, por ejemplo, la defraudación y la subvaloración aduanera que generan pédidas anuales por $ 2.000 millones.

Pabel Muñoz (antes AP) anticipa su rechazo a la reforma porque “supondrá un paquetazo”. “Han hablado de subir el IVA, lo que afectará directamente a todos los segmentos sociales… Además, es un discurso cínico señalar que el sistema tiene huecos fiscales cuando es el Gobierno el que en dos ocasiones amplió incentivos tributarios de forma generosa… Es irresponsable también disminuir el ISD (impuesto a la salida de dividas), pues uno de los talones de Aquiles es el déficit comercial”.

Los tres legisladores coinciden en que el Gobierno debe transparentar el contenido del acuerdo con el FMI.

Y Muñoz insiste en que por sus características debe ser aprobado por la Corte Constitucional y la Asamblea.

Bajar el IVA

El experto Carlos Calero entregó en la Presidencia, en enero pasado, un proyecto que plantea reducir el impuesto al valor agregado (IVA) al 8%, pero con una medida complementaria que debe ser no otorgar crédito tributario por el IVA de las adquisiciones locales, contrataciones de servicios o importaciones. Con esto, dice, se combatiría la corrupción, pues de nada les serviría a los contribuyentes “comprar facturas de empresas fantasmas” ya que no se tendría derecho a crédito tributario y además la recaudación subiría.

FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO (EC)