Tras la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que avala el acceso de financiamiento externo (de $ 10.279 millones entre este y otros organismos), el país tendrá el desafío de ejecutar un amplio programa de reformas con el objetivo de modernizar y equilibrar su economía. No obstante, el proceso no será fácil, señalan los expertos.

Deberá enfrentarse a las críticas de la oposición y, posiblemente, a la de los propios ciudadanos.

El Ministerio de Finanzas aún no ha desvelado el contenido de la Carta de Intención que el pasado lunes el FMI aprobó en Washington. Se prevé que los detalles se conozcan a fines de esta semana.

Se lo hará con base en un programa que, según se ha explicado, se desarrollará en tres años y que apunta a reducir la relación deuda-PIB a través de la adopción de medidas vinculadas a la disminución de la masa salarial, la optimización gradual de los subsidios, la priorización del gasto de capital y una reforma fiscal ligada, entre otros temas, al equilibrio de las cuentas públicas y la recaudación tributaria.

Para Alberto Acosta, economista y editor de la revista Análisis Semanal, el país se aproxima a la etapa más difícil de este acuerdo. Se han fijado metas generales, dice, pero ahora hay que enfocarse en los detalles, en las medidas concretas que se deberán tomar para cumplir con este compromiso.

“El acuerdo no habla de subir el IVA o cualquier impuesto, sino de metas de incremento en recaudación”. Entonces, señala, es el momento de determinar cómo se conseguirá eso.

El Gobierno ya ha anunciado una reforma tributaria que estará lista para finales de año, en la que, según se ha anticipado, se optimizarán y eliminarán ciertas exenciones.

No obstante, dice Acosta, su aprobación dependerá del visto bueno de la Asamblea Nacional, una instancia en la que el régimen no cuenta con una mayoría para asegurarse votos. “Y es probable que en temas como este se encuentre una oposición fuerte, sobre todo cuando los partidos estarán pensando en las próximas elecciones presidenciales y no van a querer asumir el costo político de incrementar impuestos”.

Igual traba puede haber con la aprobación de la reforma laboral que se prevé para el próximo año, con el fin de facilitar la contratación. Otro de los puntos que se acuerdan con el FMI.

No se trata de una advertencia cualquiera, coincide Mauricio Pozo, exministro de Finanzas. Trabas como estas, recuerda, impidieron concretar la ejecución del último acuerdo que Ecuador firmó con el FMI en 2003, originando la suspensión de los desembolsos. De los $ 4.000 millones que el organismo y otros multilaterales prometieron en ese entonces, apenas se concedieron $ 600 millones.

El Gobierno, sostiene, deberá cumplir con metas trimestrales porque, caso contrario, los desembolsos se paralizan. “El Gobierno deberá demostrar convicción y fuerza para tomar las decisiones que correspondan, más allá del cálculo y costo político. Esa será la piedra angular sobre la cual deberá moverse este programa”, asegura.

Desembolsos

“Se requiere un uso prudente”

De los $ 4.209 millones que prevé entregar el FMI, $ 652 millones llegarían esta semana. Este Diario consultó al Ministerio de Finanzas el destino que tendrán estos desembolsos, pero aún se espera una respuesta.

Desde la opinión pública se pide un uso prudente. Esto porque a diferencia de otras condiciones de préstamos, una parte de estos recursos será de libre ejecución.

Una medida pertinente, opina el exministro Mauricio Pozo, es que este dinero ayude a saldar los pagos pendientes que el Gobierno tiene con varios proveedores, pues esta sería una buena señal que ayude a recuperar la confianza que se requiere de los mercados.

Expectativa

El riesgo país disminuye La ratificación y suscripción del acuerdo, por parte del FMI, hizo que el riesgo país de Ecuador retrocediera 37 puntos. En dos días, este índice descendió de 641 a 604 puntos.

El comportamiento de este indicador, que habla de la capacidad de pago que el país tendría frente a sus deudas, genera expectativa, pues Ecuador aún requiere de la credibilidad de los mercados para asegurarse mayor financiamiento. Los $ 10.209 millones que el FMI y los multilaterales desembolsarán en los tres próximos años cubren el 40 % de las necesidades de financiamiento que el Estado tendrá hasta 2021. El Gobierno también negocia con China.

FUENTE: DIARIO EL EXPRESO (EC)