El gobierno de Donald Trump va a activar una norma que permite demandar en Estados Unidos a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención que se mantenía desde hace dos décadas, indicó este martes un funcionario estadounidense.

El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciará la medida este miércoles en un acto en Miami en el que se reunirá con veteranos de la fallida operación de Bahía Cochinos.

«Bolton va a anunciar la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton mañana en un discurso en Miami», dijo el martes un alto funcionario estadounidense.

El 12 de abril, Bolton había anunciado que participaría en un acto con los veteranos para anunciar «importantes pasos tomados por el gobierno para afrontar las amenazas para la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua».

El discurso de Bolton tiene como objetivo conmemorar la fallida invasión de la Bahía de Cochinos de 1961 con el mensaje de que el haber sufrido un revés una vez no implica no volver a intentarlo.

«Permitir a los ciudadanos estadounidense que demanden al régimen por la propiedad confiscada en Cuba es hacer lo correcto», dijo en Twitter el senador republicano Marco Rubio, de origen cubano.

– Problemas con países aliados –

La sección de la ley que data de 1996 permite iniciar acciones ante la justicia estadounidense contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados después de la revolución de 1959.

Cuando la ley fue adoptada, el Departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. La activación de la norma genera incertidumbre por las consecuencias para socios de Estados Unidos y la posibilidad de que las querellas inunden la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Pero desde la aprobación de la norma, los gobernantes estadounidenses han postergado la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados que tengan empresas en la isla que podrían ser objeto de tales demandas.

Es el caso de la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017.

El Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano, una organización con sede en Nueva York que impulsa los vínculos bilaterales, dijo que las empresas con ingresos combinados de 678.000 millones de dólares podrían ser objeto de las demandas.

Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor y sociedades tan diversas como la marca francesa de licores Pernod Ricard y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.

El emblemático Hotel Habana Libre, antiguo Hilton, administrado ahora por la española Meliá, estaría entre los posibles afectados.

– Venezuela como telón de fondo –

El gobierno de Trump ha adoptado una postura muy firme contra el de Cuba, que contrasta con la apertura diplomática de su predecesor Barack Obama, quien flexibilizó las restricciones de viaje para los estadounidenses y hasta visitó la isla, afirmando que la estrategia impulsada durante medio siglo por Washington para derribar al régimen no había dado resultados.

Estados Unidos acusa a las autoridades de La Habana de apoyar al gobierno de Maduro y, como parte de las sanciones contra el sector petrolero de Caracas, ha penalizado a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.

El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien en noviembre pasado anunció «acciones directas» contra lo que denominó la «troika de la tiranía», integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La ley activada por Washington, que lleva el nombre del senador de extrema derecha Jesse Helms y del congresista Dan Burton, fue aprobada después de que Cuba derribara dos aviones fletados por activistas cubanos exiliados, lo que puso fin a los intentos del entonces presidente Bill Clinton para reconstruir los vínculos entre ambos países.

«Los años de consecutivas prórrogas han creado una falsa sensación de impunidad», dijo el representante Mario Díaz-Balart, un político republicano de Florida descendiente de cubanos.

FUENTE: DIARIO EL HERALDO (CO)