El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere privatizar la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) antes del final de su mandato en 2022, según indicaron la semana pasada integrantes de su equipo económico, que mantuvieron el anonimato, al periódico Valor Econômico.
Esta medida ha sido también insinuada por el ministro de Economía, Paulo Guedes, en un reciente evento organizado por Valor. «Hay algunos grandes pensando que no serán privatizados, pero ya tocará», dijo el funcionario.
Es de esperar que tal giro en la política energética del gigante sudamericano, donde la producción petrolera ha estado siempre liderada por el sector público, se encuentre con resistencias en el camino y no le será fácil a Bolsonaro lograr su objetivo, para lo cual deberá contar con apoyo del congreso y que usualmente son bloqueadas en tribunales.
Sin embargo, Petrobras ya está inmersa en un proceso de venta de activos, incluyendo importantes subsidiarias, en una suerte de privatización parcial que recientemente fue permitida por un fallo de la Corte Suprema.
En ese contexto, la compañía está planeando la privatización de ocho refinerías de petróleo y numerosas empresas de todo el mundo han manifestado su interés en comprarlas, entre ellas PetroChina y Sinopec de China, Saudi Aramco de Arabia Saudita y la angloholandesa Royal Dutch Shell, de acuerdo a dos fuentes vinculadas a la operación que fueron citadas por la agencia Reuters.
En total son 20 compañías que han firmado acuerdos de confidencialidad con el fin de tener acceso a información precisa sobre las ocho refinerías, que tienen en conjunto una capacidad de producción de 1.100.000 barriles de petróleo al día, en señal de que están analizando ofertar por su compra.
La primera ronda de ofertas no vinculantes para un bloque de cuatro de las ocho refinerías tendrá lugar el 11 de octubre, indicaron las fuentes a Reuters. No estaba claro cuántas ni cuáles empresas se preparaban para realizar una oferta, ya que el acuerdo de confidencialidad y el acceso a la información no significan un compromiso.
En la lista figuran, entre otras, las empresas estatales chinas PetroChina, con un pie fuerte en América Latina, y Sinopec, esta última ya presente en Brasil mediante un acuerdo cooperativo con la española Repsol, así como también el gigante global Saudi Aramco, compañía estatal del reino de Arabia Saudita.
También ha mostrado interés la petrolera Raizen, un proyecto cooperativo entre la brasileña Cosan y la angloholandesa Royal Dutch Shell, y la también brasileña Ultrapar Participações.
En tanto las empresas comerciales dedicadas a la compra venta de commodities, Vitol, Glencore y Trafigura, se encuentran asimismo interesadas.
De concretarse, la operación podría llegar hasta los 18.000 millones de dólares (de acuerdo a analistas que trabajan en el acuerdo) y se convertirá en uno de los mayores desprendimientos de activos en la historia de Petrobras y significaría una privatización parcial del proceso de refinamiento de combustibles en Brasil, históricamente controlado por el estado.
Tales medidas han sido reclamadas en los últimos tiempos con el objetivo de mejorar la competencia en el sector petrolero brasileño y evitar posibles controles de precio de parte de Brasilia.
Al respecto el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), institución dedicada a evitar el abuso de poder económico y la formación de monopolios, ha demandado que la venta de las ocho refinerías se haga por separado y que se prohíba a un mismo comprador adquirir dos de estas empresas en la misma zona, indicó Reuters.
Se espera también que en la venta se discuta también la adquisición de oleoductos y terminales, activos de los cuales Petrobras también se ha estado intentando desprender en los últimos tiempos, como en el caso de los comprados por la francesa Engie o la canadiense Brookfield.
La privatización parcial o total era muy resistida por el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó entre 2003 y 2016 mediante los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (hoy cumpliendo una condena por corrupción tras un polémico juicio) y Dilma Rousseff, destituida en juicio político. Incluso el candidato del partido en las elecciones de 2018, Fernando Haddad, mantenía una agenda de fortalecimiento de Petrobras y expropiación de activos.
Michel Temer, ex vicepresidente de Rousseff devenido en presidente interino hasta las elecciones en las que ganó Bolsonaro, fue quien comenzó a instalar la agenda de privatización de Petrobras en el marco del megaescándalo de corrupción y pago de sobornos que precisamente giró en torno de la petrolera estatal, el apodado «Petrolao», y que involucró también a la empresa Odebrecht.
FUENTE: INFOBAE (AR)