Más de un centenar de personas fueron atendidas este domingo en varios hospitales de Nueva Delhi por heridas causadas durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que protestaban contra la enmienda a la Ley de Ciudadanía.

Las autoridades de la capital respondieron con porras y gas lacrimógeno contra los asistentes a la marcha, ente ellos, estudiantes dentro de una de las principales universidades de Delhi. Las protestas violentas se han extendido por el norte y noreste del país, donde han muerto seis personas en enfrentamientos policiales. Al menos seis personas han muerto por los choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes desde el miércoles, día en el que se aprobó la enmienda.
La modificación legal, impulsada desde principios de año por el Ejecutivo del primer ministro Narendra Modi, que ha instado a la calma en medio de las protestas, permite asilo y ciudadanía a cualquier inmigrante indocumentado de Bangladés, Afganistán y Pakistán, siempre y cuando el solicitante hubiese entrado en India antes del 31 de diciembre de 2014 y no pertenezca a la comunidad religiosa musulmana.

“Muchos presentan fracturas. Pero se acaba el yeso para escayolar”, contaba a Reuters Inamul Hassan, funcionario del Hospital Alshifa, cerca de la Universidad Jamia Milia Islamia. Estudiantes de este campus, al sureste de Delhi, se vieron atrapados en las dependencias cuando los antidisturbios irrumpieron para cargar contra manifestantes. “No se porqué me golpearon. Yo no protestaba. Estaba en la biblioteca cuando la policía entró”, explicaba a AlJazeera English el estudiante de 26 años, Mohmmad Minhaj Uddin, herido en un ojo.

La norma sobre ciudadanía ha sido denunciada por partidos de la oposición y grupos de derechos humanos, que la tachan de discriminatoria y contraria al espíritu secular del país asiático. Por su parte, el Gobierno en mayoría del grupo conservador y nacionalista hindú Bharatiya Janata Party responsabiliza a sus críticos de las protestas y justifica la enmienda como una forma de proteger a las minorías religiosas hindúes, sijíes, budistas, jainitas o cristianas, perseguidas en países vecinos como Pakistán, Bangladés y Afganistán.

Ante los enfrentamientos entre policía y manifestantes, las autoridades han declarado el toque de queda y el corte de las comunicaciones en las regiones del país donde se concentra la comunidad inmigrante afectada por la medida del gobierno. “Han cancelado todos los trenes a Calcuta así que hemos decidido viajar a Jaipur [oeste]”, explica por teléfono a este diario la turista madrileña Teresa Tiburcio, que ha modificado su viaje ante las restricciones impuestas en el este y noreste del país.

La tensión y la violencia reinan en la principal ciudad del Estado oriental de Assam, Guwahati, donde cuatro personas han muerto por disparos, otro manifestante falleció a causa de los golpes propinados por la policía y un vendedor fue quemado vivo dentro de su tienda, según informa la agencia France Presse. Este domingo, alrededor de 5.000 personas se concentraron en esta ciudad en protesta por la aprobación de la enmienda a la Ley de Ciudadanía.

Conflictos interétnicos
La región india de Assam, localizada entre Bangladés, China y Myanmar, ha sido fuente de conflictos interétnicos entre la mayoría hindú y la minoría musulmana del país, así como sus diversos grupos tribales, desde la partición del subcontinente. Especialmente, desde el éxodo que trajo a millones de bangladesíes tras la guerra de independencia de 1971. La animadversión entre diferentes etnias llevó a la masacre de unos 2.000 miembros de la comunidad bengalí en 1983. Dos años más tarde, los acuerdos de Assam concedían la ciudadanía a los inmigrantes que hubiesen llegado a India antes de 1971.

Así pues, la enmienda legal es criticada también por los que impugnan la presencia de todo inmigrante en Assam y otros dos Estados adyacentes, a quienes se responsabiliza de la transformación demográfica regional. Dirigentes políticos de la vecina Bengala Occidental, así como Kerala y Punjab, también se han negado públicamente a aplicar la ley.

Desde que revalidó su mayoría absoluta en el parlamento, el Ejecutivo de Narendra Modi ha reanudado su política de tolerancia cero a los que profesan el islam en India. En agosto, excluyó del Registro Nacional de Ciudadanía a cerca de dos millones de personas de Assam, principalmente musulmanes, que quedaron expuestas a ser expulsadas por apátridas. Semanas antes, el Gobierno acababa con décadas de diplomacia al dividir la conflictiva región de Cachemira en dos territorios controlados por Delhi tras suspender el estatus especial de este Estado, único de mayoría musulmana en India y disputado por Pakistán.

FUENTE: EL PAIS