La pesca de esta especie, que aporta el 5% del PIB local, se ve sometida a una legislación más restrictiva para disuadir las capturas furtivas. Ecuador es uno de los hermanos menores de América Latina en población, con 17,5 millones de habitantes; en superficie, con 256.700 kilómetros cuadrados; o en PIB per capita, con 6.344 dólares (5.838 euros). Pero al mismo tiempo es un gigante de referencia mundial en el sector del atún que compite de tú a tú con la expansiva industria asiática.

Es el segundo exportador del mundo de conservas atuneras, solo por detrás de Tailandia; y su flota pesquera está entre las seis primeras en cuanto a capturas, con la particularidad de que es la única que se somete a vedas. Ni Indonesia, Japón, Taiwán, Corea del Sur o España, que están por delante en pesca, hacen parones estacionales como el del país latinoamericano, que restringe su actividad 62 días al año para cumplir con la regulación de la CIAT (Comisión Inter­americana del Atún Tropical).

“El atún es una especie altamente migratoria y gran parte se captura en altura. Nosotros tenemos una posición geográfica privilegiada porque estamos en la franja central del planeta, en el cinturón del sol, por donde pasan las especies de atún del Pacífico Oriental: el yellowfin o de aleta amarilla, el big eye o picudo y el skipjack o barrilete”, repasa Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería.

En 2019 se llegó a un récord de capturas de 280.000 toneladas, cuando el promedio anual es de 250.000. Esa pesca es, después, limpiada, troceada y enlatada en las plantas de procesamiento, que tiene una capacidad de 600.000 toneladas al año. El 80% de ese producto manufacturado se exporta, lo que deja en el país 1.600 millones de dólares (1.477 millones de euros) y hace del sector una de las pocas actividades con valor añadido. “A diferencia de los otros grandes ítems de exportación, como el banano, el camarón, el cacao, las flores o el café, que son materias primas, nosotros estamos industrializados”, puntualiza Guillermo Morán, gerente de Tunacons, un grupo de compañías atuneras. Toda la cadena representa un 5% del PIB ecuatoriano.

Una industria tan consolidada pasa, sin embargo, por un punto de inflexión. La Unión Europea hizo en octubre una importante llamada de atención a Ecuador por su lucha poco enérgica contra la pesca ilegal, no declarada. Siendo un país de referencia y con 45 años de trayectoria, el país latinoamericano mantenía un sistema de sanciones obsoleto anclado a una ley de 1974. Tras la tarjeta amarilla, las autoridades nacionales se apresuraron en aclarar que el nuevo estatus no conllevaba sanciones económicas o bloqueo comercial. Pero sí podría ser la antesala a una eventual suspensión de las importaciones. La advertencia sirvió para que, con más agilidad y consenso de lo habitual, la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobara este mes una nueva ley de pesca. A Ecuador le convenía ponerse al día, dado que el mercado europeo es su principal destino de exportaciones de conservas de atún y que las ventas al bloque comunitario fueron clave en los años noventa cuando dio el salto como industria y obtuvo la etiqueta dolphin-safe, que garantiza que no se matan delfines durante la pesca.

“En los años setenta, Ecuador estaba en constantes enfrentamientos con los barcos norte­americanos porque aquí se consideraba que el mar territorial era de 200 millas. Al adherirnos a la Convemar [Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar], la cosa cambia. La industria se desarrolla fuertemente en los años noventa con la llegada de la empresa Starkist. El capital americano ayudó en la creación de la flota y conseguimos entrar a los puertos de Europa con los SGP [preferencias arancelarias] y después a EE UU con el ATP. Y eso fue alimentando la industria que es hoy”, recuerda Leone. En medio siglo, la flota atunera ecuatoriana pasó de tener una decena de embarcaciones y dos plantas a 115 barcos y 18 procesadoras en las ciudades portuarias de Manta, Guayaquil y Posorja, que dan empleo a 30.000 personas.

A través de políticas de incentivos se atrajo inversión extranjera y se instalaron en territorio ecuatoriano grandes compañías de capital estadounidense como Starkist, pero también de origen italiano como Bolton o español como Conservas Isabel. “El atún ecuatoriano ha desarrollado una gran variedad de productos con diferentes presentaciones, más que como una marca”, indica Morán. “Es, además, un sector de gran impacto social”, destaca Leone, “gracias a la mano de obra de la mujer ecuatoriana, que tiene una experiencia especial para el manejo del atún. El 100% de quienes faenan en la limpieza del pescado son mujeres y ellas son la principal fuente de ingresos de la familia”.

Aunque el 85% del sector pesquero ecuatoriano se dedica a la captura y procesamiento del atún, no se limita a esa especie. El otro 15% saca provecho de peces pelágicos pequeños, como la sardina, y de la fabricación de harinas de pescado que sirve de alimento para animales. Las tres ramas conforman una flota de más de 300 embarcaciones y 129 plantas procesadoras. “Uno de los problemas que señalamos a las autoridades es la falta de institucionalidad. Los Gobiernos no nos han dado la atención necesaria. Con Rafael Correa estábamos en un viceministerio, debajo del de Agricultura; después vino Lenín Moreno y creó el Ministerio de Pesca y Acuacultura, pero luego lo quitó y pasamos 90 días sin saber dónde estábamos. Terminamos como viceministerio, dentro de Comercio Exterior. Han sido cuatro o cinco años de un ir y venir que ha traído falta de estabilidad, de responsabilidad. Ha traído corrupción”, reprocha el representante de las empresas pesqueras.

Nuevos mercados
El Gobierno considera que la pertenencia ahora a la cartera de Comercio Exterior ayudará “a acelerar la búsqueda de más mercados y a atraer la inversión extranjera”, responde Iván Ontaneda, ministro de la Producción y Comercio Exterior. Pero antes de ir a por nuevos socios, la nueva ley debía endurecer el sistema de sanciones. “El esquema normativo era muy poco disuasivo de malas prácticas. Con el nuevo texto, las sanciones son mucho más altas y pueden implicar la paralización del barco e incluso la retirada del permiso para faenar”, explica Morán. Finalmente, la ley ha incluido multas para las infracciones más graves de hasta 600.000 dólares.

“Hay que ser muy claros, a nosotros nos exigen muchísimo y somos muy cuidadosos”, matiza Leone, indicando que la vigilancia debe ponerse sobre la pesca que compran las procesadoras a flotas extranjeras. La nueva norma obliga a esa pesca importada a cumplir las mismas exigencias en cuanto a certificados de origen, captura, periodos de veda, a no realizar descartes en el mar y no llevar combustible en las bodegas, a tener observadores a bordo, control satelital de las zonas de pesca, trazabilidad… “El pescado viene de todos lados, del Índico, del Atlántico y del Pacífico. Los grandes traders ofrecen producto a las plantas”, apunta el presidente del gremio. “Queremos que ese pescado que viene a Ecuador a ser procesado, porque es necesario, sea bueno, que no sea ilegal”.

FUENTE: EL PAÍS