Tras la presentación de las líneas generales de la reforma tributaria, y que sería presentada de forma oficial en la próxima legislatura que empieza el 20 de julio, los gremios mostraron su respaldo a la iniciativa. Sin embargo, economistas y analistas señalan que se necesitarán medidas más adelante para solucionar el problema fiscal del país.

Por un lado, según lo anunciado por el Gobierno, el grueso (69%) de los recursos que se recaudaría de la iniciativa provienen de más impuestos a empresas, a lo que los empresarios y gremios mostraron su respaldo para que este sea un camino para que se reactive la economía colombiana, se haga un ajuste en las finanzas públicas y se ayude a los más afectados por la crisis del coronavirus.

Y ahí cabe anotar que los ajustes al ICA y al impuesto de renta a empresas quedarán de forma permanente, contrario a lo que había propuesto la Andi y el Consejo Gremial, quienes plantearon hace un par de meses que se aplazaran de manera temporal los beneficios que se habían incluido con la pasada reforma tributaria, llamada Ley de crecimiento.

A esas medidas permanentes, el Minhacienda también informó que incluirá otras temporales como la sobretasa al sector financiero hasta el 2025 y la normalización tributaria para que colombianos traigan los recursos que tienen en otros países.

Para Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi, en términos generales, el gremio reconoce el esfuerzo que lideró el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para crear un consenso en torno a presentar un nuevo proyecto de ley para lograr los recursos fiscales necesarios y concentrarlos en cierre de brechas sociales, en la protección de empleo.

Quintero también anota que para el caso del Programa de Apoyo al Empleo Formal se logre incluir las mipymes desde dos empleados como persona natural, punto que ya fue incluido en la iniciativa presentada, pero que todavía está sujeto a los cambios que se pueda hacer en el Congreso. Y llamó la atención en que ese beneficio regiría hasta diciembre, por lo que comentó que “ojalá en el articulado se incluya que sea por seis meses desde el momento de aprobación o una vez se agoten los recursos previstos”.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, gremio de los comerciantes resaltó la iniciativa que tiene el Gobierno de mantener los tres días sin IVA al año para impulsar el consumo. “Creemos que va a ser un buen dinamizador del Comercio y de la economía del país”, aseguró Cabal.

Sin embargo, por otro lado, aseguró que teniendo en cuenta que la mayoría del recaudo de la reforma recae sobre los hombros de las empresas será crucial que se protejan a las mipymes, que tuvieron menos herramientas para resistir los efectos de la pandemia.

“Esperamos que en el articulado se pueda incluir la tasa diferencial de renta no al 35% para empresas mipymes, como lo había prometido el Gobierno”, añadió Cabal.

Por su parte, el gremio de los bancos, Asobancaria, dijo que aunque la sobretasa al sector financiero es antitécnica respaldan la iniciativa porque sería el camino para salir de la crisis por la que atraviesa el país. Según comunicó el gremio, “no nos oponemos a la decisión del Gobierno de incluir una sobretasa temporal al sector, con el ánimo de contribuir a la recuperación de este momento crítico e histórico. Entendemos nuestro aporte extra y transitorio a las finanzas públicas como una palanca para garantizar el proceso de reactivación de la economía”.

¿Y LA SOSTENIBILIDAD FISCAL?

Si bien el Gobierno logró consensos con varios actores de la sociedad para la reforma tributaria 2.0, los analistas y economistas manifiestan que aunque la iniciativa responde a unas necesidades políticas y sociales, no es suficiente para el desbalance que tiene el país de sus cuentas públicas.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo en ese sentido que “la reforma tributaria anunciada por el Gobierno es un paso fundamental en la línea de la consolidación fiscal que tanto necesita el país. No es la técnicamente deseable pero es la políticamente posible, y resuelve buena parte del problema. Ojalá se fortalezca el plan antievasión”.

Felipe Klein, economista de BNP Paribas en Colombia y Chile, dijo que la iniciativa puede afectar la inversión. “En nuestra opinión, más allá de las cuentas fiscales, el principal impacto macroeconómico del proyecto es su potencial efecto negativo sobre la inversión. Las autoridades habían estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2019 que una reducción en la tarifa de renta corporativa reduciría el costo del capital y, por lo tanto, aumentaría la inversión hasta un 5% después de dos años. Por el contrario, creemos que revertir la reforma fiscal aprobada en 2019 probablemente afectará la inversión y el crecimiento”.

Finalmente, Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital Colombia, agregó que con respecto a la reducción del déficit, “el efecto neto esperado de largo plazo de este proyecto de ley sobre las cuentas fiscales sería de 1,3%-1,5% del PIB, mientras que su impacto en 2022 será menor debido al mencionado gasto social”.

BENEFICIOS A TENEDORES DE BONOS 

Según información de Bloomberg, Colombia buscaría eliminar el impuesto de retención en la fuente para los tenedores de bonos extranjeros en un intento por atraer inversionistas a su mercado de deuda pública. Según dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la propuesta para reducir el impuesto a 0%, de un actual 5%, se incluirá en el proyecto de reforma tributaria.

“Eso es con el objetivo de ser más atractivos en estos momentos para la emisión de títulos TES y quedar al mismo nivel de Perú, de Panamá o Uruguay y para ser mas competitivos”, dijo Restrepo en una entrevista.

Cabe recordar, en ese sentido, que el país estima un déficit fiscal para este año de 8,6%.

FUENTE: EL PORTAFOLIO (CO)