El debate sobre las diversas opciones para mejorar la empleabilidad ha sido abierto. La Cámara de Comercio de Quito organizó cinco mesas de discusión denominadas Consenso por el Empleo, que concluyeron esta semana. Buscarán presentar en los próximos días sus resultados a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, asegura que la Ley de Oportunidades Laborales ha sido sociabilizada entre ambos actores (empresarios y trabajadores) e incluso en la propia Asamblea y se han obtenido reacciones positivas en todos los frentes.
Sin embargo, las nuevas condiciones de contratación son entendidas de maneras opuestas. Un sector de trabajadores las mira como precarización, mientras que de la otra orilla, las empresas consideran que sería dar facilidades de contratación. Todo ello, mientras apenas tres de cada diez ecuatorianos en edad de trabajar tienen un empleo pleno, según las últimas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En todo caso, según Donoso, ha habido buenas reacciones desde los diversos sectores al explicarles que el Gobierno no está dispuesto a seguir haciendo lo mismo de siempre, sino aplicar acciones novedosas. Aclaró que el Código del Trabajo, que data de 1938, no va a ser topado, sino que se generará una ley complementaria que ayude a quienes no tienen trabajo.
Uno de los principales objetivos de la ley es que el emprendedor tenga más certidumbres y seguridad jurídica “para que pueda perder el miedo a crecer”, a invertir capital fresco, a reinvertir utilidades, e incorporar a nuevos trabajadores y abrir más sucursales. En general, dice, el concepto de la nueva ley es crear un ambiente más amigable entre el trabajador y el empleador. Trata de explicar el tema en una frase: “El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador”.
Agrega, adelantándose a posibles críticas, que la peor precarización que puede haber es el no tener empleo. Y si no, dice, sería bueno que se observara la situación de cientos de trabajadores informales en las calles 6 de Diciembre y Granados, que piden al menos unas horas de trabajo. La ley también apostará por permitir a los jóvenes tener horarios flexibles para laborar y estudiar.
Asegura que la idea es que haya facilidad de contratación, pero que los trabajadores tendrán derechos como sus décimos y afiliación a la Seguridad Social. El proceso continuará con la elaboración del articulado y luego con el envío, cuya fecha será decidida por el presidente Guillermo Lasso. Explicó que los insumos que han generado los diversos actores podrán ser entregados en la Asamblea para enriquecer a la ley.
Las propuestas de las mesas del Consenso por el Empleo, que tuvieron como principales protagonistas a los empresarios, tienen que ver con modalidades contractuales, jornadas y horarios que se adapten a la realidad y un grupo de otras propuestas. Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, explica que entre las propuestas está una modalidad de contratación para jóvenes hasta los 29 años. Al igual que la propuesta del Gobierno, se considera que los jóvenes requieren adquirir experiencia sin tener que dejar el estudio: “Hemos hablado con jóvenes y ellos prefieren la empleabilidad a la estabilidad”. Para los jóvenes puede funcionar la contratación por horas o las jornadas parciales.
También se ha previsto una contratación para personas mayores de 50 años que pudieran completar sus años de aportación, pero a quienes no necesariamente se les deba pagar una liquidación.
Para los emprendimientos se propone tomar en cuenta el fenómeno denominado “el valle de la muerte”. Este es que a los tres años un gran segmento de emprendimientos fracasa. Por ello la idea sería que si el emprendimiento cierra, entonces no se deba pagar indemnización. Esto aliviaría el riesgo de emprender.
También se pediría que los contratos ocasionales o eventuales no tengan recargo del 35 % como ahora, sino que se les pague a los contratados como un día normal. También se ha propuesto que las jornadas puedan ser de 40 horas pero distribuidas en los 7 días de la semana, y sin pagar un recargo los sábados y domingos.
Para Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, la propuesta para mejorar el empleo debe ir apalancada en una reactivación económica real en la cual los empresarios se comprometan a poner de parte para que mejoren los indicadores, respetando los derechos de los trabajadores. Considera que cualquier tipo de incentivo de orden tributario y arancelario debe tener una contrapartida cuantificable por parte de los empresarios. Es decir, que se comprometan y se pueda contabilizar el número de nuevos empleos y plazas creadas. Además asegura que es falsa la premisa que mencionan tanto el presidente de la República, Guillermo Lasso, como el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, en el sentido de que la peor precarización es no tener empleo. Y asegura que bajo esta premisa se podría entonces “legalizar la esclavitud”.
En todo caso dice que su organización no se opone al trabajo por horas siempre y cuando se respeten los derechos adquiridos. Para revisar que se cumplan los derechos, asegura, se debería crear una Superintendencia del Trabajo, que reemplace a las inspectorías actuales y que sea independiente del ministerio. Además dice que se oponen a las once nuevas formas de contratos de trabajo que implementó el gobierno de Lenín Moreno.
Sobre un posible contrato para emprendedores, Ibarra asegura que este tipo de figuras se utilizarán seguramente para declararse en quiebra y luego “abrir con otro nombre una nueva empresa y seguir en lo mismo”. Para Ibarra, un emprendimiento no tendría por qué fallar si existe la asesoría técnica necesaria, líneas de financiamiento que no sean tan costosas. Pero reclama que el Gobierno no haya bajado aún las tasas de interés.
Tampoco le parece viable que la jornada de 40 horas se distribuya entre todos los días de la semana y sin pagar un recargo. Explica que esto afectaría el derecho al ocio. Si les van a poner a trabajar sábado o domingo, deben tener una compensación.
Ibarra, por otro lado, aseguró que están empeñados en llevar adelante una consulta popular a fin de que sea el pueblo quien decida su suerte sobre el tema del empleo y la Seguridad Social. Explicó que la Corte les ha informado que su petición de consulta está lista para conocimiento del pleno. Los trabajadores buscan consultar sobre la eliminación del despido intempestivo; el trabajo para jóvenes que las inspectorías desaparezcan y se cree la Superintendencia del Empleo, entre otros.
FUENTE: EL UNIVERSO (EC)