[:es]Quito.- Las reglas macrofiscales sobre el techo de endeudamiento que planteó el Ejecutivo en el veto a la Ley de Fomento Productivo son las que entrarán en vigencia desde septiembre próximo. Es que al no haber obtenido votos para el allanamiento o para ratificación de un texto alternativo esta parte del veto entra por el ministerio de la Ley, explicó Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) al ser consultado sobre este segmento del cuerpo normativo.

¿Pero qué dice el veto del Gobierno sobre este tema? En el texto se establecen varias reglas; por ejemplo, que no se permitirá aprobar presupuesto con déficit primario ni que el resultado global no cumpla con metas estructurales definidas por reglamento. La regla estructural dice que el incremento del presupuesto no podrá ser mayor al del crecimiento de la economía.

Además se mantiene que el saldo de la deuda no puede ser mayor del 40%.

Sin embargo, se indica que desde el 2018 al 2021 no rige dicho techo, aunque sí debe disminuir el déficit primario hasta llegar a 0; actualmente este déficit estaría entre 3% y 4%.

De acuerdo a la norma, en el 2022 Finanzas aplicará una programación fiscal a fin de que la relación deuda-PIB disminuya en cada planificación cuatrianual hasta al límite establecido del 40%.

Adicionalmente, la propuesta del Gobierno es que en casos excepcionales, las reglas y metas fiscales puedan ser suspendidas por catástrofes, recesión económica grave o situaciones de emergencia general. Para ello, se requiere la aprobación de la Asamblea con la mayoría de sus miembros.

Finalmente, se crea un fondo para garantizar la sostenibilidad fiscal con los recursos no renovables que superen lo presupuestado.

El analista Alberto Acosta Burneo considera positivo que se hayan aprobado las reglas macrofiscales para buscar salir de los desequilibrios actuales.

Recalcó que el anterior gobierno incumplió la regla que imponía un 40% como techo y este fue superado “de manera importante”.

Acosta explicó que sin esta aprobación el Gobierno no podía endeudarse, pues cualquier crédito contratado podía haberse considerado ilegal ya que superaba el 40%.

Indicó que un escenario posible es que en los próximos tres años, la deuda continúe subiendo pues el Gobierno quiere ir suavizando el ajuste; pero ya en 2022, según la ley, los siguientes gobiernos deberán ir reduciendo el déficit hasta regresar al 40%. Pero esto podría tomarnos al menos una década, comentó el experto.

Otros temas

La Asamblea no logró ratificarse en que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se sometan a la remisión obligatoriamente. Así, lo harán de manera opcional. La devolución del ISD a la actividad de exportación por importación de materias primas, insumos y bienes de capital se hará aunque haya producción interna de lo importado.

FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO (EC)[:]