– Las cifras de Claro de 2017 -las últimas publicadas- muestran un retroceso del negocio con utilidades, ingresos y número de empleados a la baja. ¿En 2019 se revertirá la tendencia?

– Es una característica de la industria, no de la empresa en particular. Desde 2015 o 2016 en adelante, la industria se ha ido contrayendo. Si usted suma a todos los operadores del mercado, el mercado vale menos. Y vale menos por una serie de restricciones y medidas tomadas que afectaron el impulso que traía la industria. Eso es lo que hay que ir desmontando.

– ¿Ha cambiado el contexto político-económico lo suficiente como para esperar mejoría?

– El Gobierno sabe que para generar competitividad necesita telecomunicaciones de primer nivel y entiende que es una tarea que va de la mano del sector privado. Existe un clima más favorable hacia la inversión. Hay una actitud proempresa y es un tema que, más allá de lo económico y social, es filosófico conceptual. Y va a la práctica. Ese es el primer punto a destacar de la agenda del nuevo gobierno. Pero eso hay que acompañarlo de una serie de acciones. Hay que desmontar un sistema regulatorio y normativo muy restrictivo hacia el emprendimiento privado. En el sector de telecomunicaciones, la empresa privada estuvo buen tiempo privada de competir en igualdad de condiciones, con regulaciones que favorecían a la empresa estatal.

– ¿CNT mantiene privilegios?

– No se están construyendo privilegios adicionales, pero sigue la normativa que ya le creó privilegios a la empresa estatal. De alguna manera, compite con reglas mucho más favorables.

– ¿Cree que el nuevo Gobierno las desmontará?

– Hay interés en vender o concesionar la empresa, pero hay un marco jurídico con límites.

– ¿Pasaría CNT a manos privadas con todas las ventajas?

– Es un desajuste a la realidad. Hoy es una empresa pública que está amparada por un régimen de competencia muy favorable. Si deja de ser empresa pública, tendría que someterse a la normativa que rige a la empresa privada, lo cual incluye pagar Impuesto a la Renta, utilidades, pagar por el uso de frecuencias. Su estructura de costos es totalmente disímil a la de la privada.

– Y eso complicará su venta…

– Podría ser…

– Más allá del clima favorable, ¿qué acciones son las que usted recomienda?

– Mire, en Ecuador hay más acceso a las telecomunicaciones móviles que al agua potable y a la energía eléctrica, pero es inconcebible que exista un Impuesto a los Consumos Especiales que grava con 15 % los servicios a pequeñas y medianas empresas. Eso eleva los costos de producción de algo que se volvió -hace rato en el mundo y en nuestro país, gracias en buena parte a Claro- una herramienta de trabajo. Otra acción: desmontar el excesivo arancel a los dispositivos móviles. El Estado quiere difundir la penetración de internet porque es una fuerza motora de transformación de la sociedad y genera igualdad, pero los celulares pagan cerca de un 50 % entre aranceles, tasas e impuestos. Entonces es difícil para las personas acceder al dispositivo primario para poder conectarse a internet. Lo hemos hablado con varios actores, con el Ministerio de Comercio Exterior y el de Telecomunicaciones, pero hay cierta fragilidad que ellos encuentran en la economía del Estado. Eso les lleva a no dar aún el paso.

– Con Richard Martínez y Pablo Campana en el Gobierno, el sector privado asumió que tenía un aliado en el poder. ¿Qué puertas no han conseguido abrir pese a que el empresariado tiene más representación?

– Es imposible salir en la lluvia y pensar que uno no se va a mojar. El desafío de hacer empresa no es a corto plazo, sino para trascender. Hay que saberse manejar en los distintos contextos políticos y económicos. Creemos que de las buenas intenciones hay que pasar a las acciones. Ha habido algunas, pero en otras nos ha tocado arrimar el hombro. Pero el 2019 va a ser un año que marque un punto de quiebre. Nosotros ya hemos suscrito un convenio de inversión de 450 millones de dólares y ya el año pasado invertimos $ 150 millones para la transformación de la infraestructura, instalando mucha fibra óptica porque los usuarios demandan una experiencia mejor.

– En Guayaquil, siendo una de las ciudades principales, sigue habiendo zonas sin señal…

– Eso es verdad y nos inquieta, pero nos da la oportunidad de mejorar. Es por las acometidas de urbanizaciones construidas hace 15-20 años. No tienen diámetro suficiente. Nos toca volver a construir nuevos ductos con el menor grado de impacto a la sociedad. Las nuevas urbanizaciones ya lo conciben.

– ¿Cuándo dejará de haber puntos ciegos?

– Sería demasiado ambicioso decirle que esa es una tarea perfectible de manera inmediata. Con el lanzamiento del 5G que va a ser el internet de todo y podría estar en 2021 o 2022, se deberían eliminar, conceptualmente hablando, los puntos ciegos. Pero eso requiere una adecuada sensibilidad urbana y de la población para instalar la tecnología urbana, porque si no, seguirán los puntos sin servicio.

FUENTE DIARIO EL EXPRESO (EC)