La paralización de transportistas (buses, taxis y camiones) perjudica seriamente a la golpeada economía del país, debido a que reduce ventas, horas de trabajo y producción industrial.
Un solo día sin transporte representa pérdidas de 270 millones de dólares en todo el país, que no solo son asumidas por los empresarios, sino por el ciudadano, quien hasta debe pagar valores excesivos por trasladarse a sus lugares de trabajo u hogares. Incluso los mismos transportistas pierden cuantiosos ingresos que, a escala nacional, superan los 7,5 millones.
El impacto es equivalente a los ingresos petroleros de un mes, o seis veces más que la recaudación diaria de impuestos, que en 2018 fue de 42,84 millones. Estos valores representan el 9% del presupuesto anual en salud, el 77% de todo lo destinado a programas de vivienda social en 2018, o el 81% del pago mensual en pensiones jubilares.
¿Y los precios?
Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, explicó que el país necesita trabajo y no paralizaciones. Recalcó que ayer hicieron reuniones entre cámaras y principales empresas para analizar el impacto en precios por eliminación de subsidio a combustibles. Tienen el objetivo buscar alternativas para que el aumento de precios, en mayor medida, sea asumido por los negocios.
Por su parte, Patricio Alarcón, del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), dijo que ir al paro es seguirle el juego al correísmo. “Ellos llevaron a la crítica situación del Estado, lleno de excesos y corrupción ¿ahora se las dan de indignados? El país necesita trabajar”, enfatizó.
Un sector beneficiado
Diego Olmedo, analista económico, explicó que la eliminación de los subsidios a los combustibles representa un ajuste estructural en las finanzas. “Esta medida debió tomarse hace 15 años. En ese tiempo, el país ha perdido 20.000 millones que se entregaron, sin nada a cambio, a los transportistas”, puntualizó.
Si esos recursos no se hubieran malgastado, ahora existirían ahorros para evitar medidas de ajuste, e inclusive impulsar de mejor manera la economía.
En la situación actual, según Olmedo, los precios reales de los combustibles son el mal menor y evitan mayores impactos. “Durante 2016, como consecuencia de la subida del IVA, el consumo de los hogares decreció tres trimestres seguidos en 5%, 3,5% y 1,5%. Esto genera desempleo y menos ingresos”, explicó.
De acuerdo con la economista Belén Mosquera, si se llega a derogar la medida, el Gobierno tendría que buscar otras vías para levantar los 1.546 millones en ingresos adicionales. Para esto, sin recurrir a una subida de impuestos, se reducirían recursos para protección social (bonos, seguridad social…). Otra opción es más deuda a tasas de interés altas. Esto quiere decir pagos más altos en el futuro.
Otra alternativa, con consecuencias sociales graves, es un recorte radical en la nómina estatal, lo que implica despedir entre 50.000 y 100.000 funcionarios. Según el Ejucutivo, hasta agosto se desvinculó a 23.000 personas y hasta fin de año se espera 10.000 más. (JS)
38 dólares más de gasto por eliminación de subsidios
° Diego Olmedo, analista económico y empresario, explicó que tener precios reales de las gasolinas representa, para personas con vehículo particular, un gasto adicional de 455 dólares al año; es decir, unos 38 al mes. En el caso de las empresas, el impacto es de 1.500 al año o 125 cada mes.
FUENTE: LA HORA (EC)