Un consorcio (formado por Amodaimi Oil, subsidiaria de la gigante estatal china Sinopec, y por Petrolia Ecuador, filial de la canadiense New Stratus de Energy) presentó una oferta para el desarrollo del campo Sacha, que incluye el pago anticipado de USD 1500 millones al Estado ecuatoriano.

Operado por Petroecuador, Sacha es ahora el campo petrolero más grande de Ecuador, con una producción de 77.000 barriles diarios en lo que va de 2024. Le sigue Auca con 74.000 barriles diarios.

De acuerdo con información a la que pudo acceder PRIMICIAS, el consorcio está interesado en una concesión de 20 años del campo Sacha.

Además del bono anticipado de USD 1.500 millones, la empresa ofrece inversiones para el desarrollo del campo por USD 1.716 millones que se irán haciendo anualmente durante los 20 años de concesión.

Y, según la propuesta, el consorcio cubriría también los costos para mantener la producción actual, que son de USD 160 millones al año y que sumarían un total de USD 3.216 millones en 20 años.

El consorcio busca firmar un contrato de participación, donde las empresas privadas reciben un porcentaje de la producción como pago de sus inversiones.

¿Cuánto subiría la producción, según la oferta?
De acuerdo con la propuesta presentada, el consorcio ofrece incrementar la producción del campo de los actuales 77.000 barriles diarios de petróleo a unos 100.000 barriles diarios en un plazo de tres años.

La propuesta también contemplaría que el estado se quede con el 80% de la renta petrolera y el consorcio con un 20%. El diseño de la propuesta habría estado validado por la consultora Veritas.

PRIMICIAS pudo conocer que las primeras muestras de interés del consorcio se presentaron en junio de 2024. Después de eso, se realizaron acercamientos con las autoridades y se dieron, al menos, tres visitas al campo petrolero.

Lo que se viene
Por su parte, el Gobierno ha mostrado interés en la oferta, por lo que mediante Acuerdo Ministerial firmado el 26 de noviembre de 2024 y publicado en el Registro Oficial el 23 de diciembre, la actual ministra de Energía (e), Inés Manzano, ordenó la concesión del campo Sacha a empresas estatales internacionales o sus subsidiarias.

Para esto, dispuso a Petroecuador que devuelva el campo al Ministerio de Energía.

Paralelamente a esto, dispuso que el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) revise la propuesta realizada por el consorcio.

Trabajadores petroleros rechazan decisión
Para la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), las decisiones constituyen el inicio de la privatización del campo petrolero más productivo del país.

Además, dice que en los considerandos del acuerdo no se evidencia que Petroecuador haya emitido ningún informe técnico o económico que justifique la devolución del campo y considera que Petroecuador puede operar Sacha, ya que logró incrementar su producción en 16.000 barriles diarios de petróleo en los últimos tres años y con un costo por barril de USD 7 por barril.

Y el gremio añade que la operación del campo genera una renta anual de USD 1.700 millones para el Estado, «recursos que ahora se pretenden repartir con particulares».

Además, la Antep recordó que Petrolia Ecuador compró las acciones del bloque 16 y pidió renovar su contrato en esa área, pero el Estado no lo renovó.

Correa también negoció anticipos petroleros
No es el primer contrato petróleo que incluye el pago de un anticipo petrolero. De hecho, este mecanismo fue introducido durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, pero se utilizó bajo la figura del contrato de prestación de servicios.

A diferencia del contrato de participación, en el de servicios el 100% del petróleo extraído queda en manos del Estado, pero debe pagar una tarifa por barril extraído a la compañía privada por sus inversiones.

Uno de los contratos fue para desarrollar el campo petrolero Auca, firmado en 2017 entre Petroecuador y Shaya, cuyo accionista es Schlumberger. El contrato se suscribió por 20 años.

El contrato incluyó un anticipo de USD 1.000 millones que se destinaron al gasto público. Pero el contrato no estuvo excento de polémica por supuestas  fue cuestionado por tener condiciones poco favorables para el Estado, como limitaciones para auditar las inversiones de la petrolera, altas tarifas pagadas y beneficios superiores que los que recibe el Estado.

Fuente: Primicias EC