Cada vez que un nuevo ciclo lectivo empieza, los profesores y autoridades de los planteles hablan de las reglas de la clase y de la institución. Así por ejemplo, les recuerdan a los padres cuál es la hora de entrada y salida; también les dicen que deben llevar determinados uniformes, cada día de la semana.

En las aulas, los y las docentes les piden a los alumnos, desde los más pequeñitos, levantar la mano para pedir la palabra o para responder a preguntas. Además les dicen que tienen que ser respetuosos, entre compañeros, y con sus profesores, no interrumpir cuando alguien más habla. Concentrarse y evitar jugar o hacer otras actividades, mientras ellos dan una explicación es otro de los pedidos.

En cada establecimiento educativo existe un código de convivencia, que se supone, debe construirse en conjunto en la comunidad: autoridades, estudiantes y padres de familia. En ellos se establecen acuerdos, que van con la filosofía institucional. Pero que en ningún caso pueden atentar contra los derechos, por ejemplo a la libertad estética de los alumnos.

En el 2017, la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de niños y adolescentes Quito llamó la atención a un colegio militar, por discriminar a una chica que se cortó el cabello, más arriba de los hombros. A la estudiante le pidieron incluso que use una peluca porque les parecía que no podía tener un corte, que según el estereotipo, es usado por los hombres.

Pero, la existencia de derechos de los estudiantes no implica que puedan ir contra ciertas reglas de la institución, como por ejemplo, las relacionadas con el uniforme. Todos deben usar las prendas del colegio.

En Ecuador rige el Código de la Niñez y Adolescencia, que garantiza los derechos de los chicos, que establece límites, por lo que los adultos, por ejemplo los profesores, no pueden atentar contra los derechos de los alumnos.

No está permitido maltratar a los estudiantes. El año lectivo anterior se conoció la historia de un inspector del Colegio Mejía, que golpeó con un palo a sus alumnos. Y también fue parte de un proceso disciplinario.

En el país además se cuenta con la Ley de Educación Intercultural Bilingüe y su reglamento. Según el reglamento, los chicos pueden ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la Constitución, a participar activamente en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten en el colegio.

En ese reglamento también se habla de que los planteles particulares no pueden quitarle el derecho a la educación a un chico, si sus padres no pagan la pensión mensual. Los representantes y las autoridades deben llegar a un acuerdo de pago, pero está prohibido que les dejen sin la posibilidad de rendir un examen, entre otras sanciones.

Fuente: Diario El Comercio.