[:es]Ecuador gasta más de lo que ingresa. Y como necesita cubrir sus gastos, se ha ido endeudando hasta una cifra exorbitada que excede el límite constitucional. Ese panorama es el que heredó el ministro Richard Martínez de sus predecesores y estos, a su vez, del régimen de Rafael Correa. Esto es lo que se plantea solucionar el nuevo responsable de Finanzas con una ley de fomento productivo que, en el sector académico, ha dejado insatisfacción.
Por resumir el planteamiento de analistas económicos, si el Estado tiene más gastos que ingresos, lo urgente sería reducir esos gastos y tratar de obtener más recursos con inversión. La preocupación surge porque la nueva ley se centra más bien en lo segundo, pese a que la llegada de capitales no será inmediata, y no concreta las medidas con las que se reducirán los gastos del Estado.
EXPRESO ha consultado a la cartera de Finanzas si se anunciarán restricciones en los próximos días y por qué la ley presentada en la Asamblea Nacional no las incluyó, pero aún no se ha recibido respuesta.
El sector empresarial, que lleva años insistiendo en una receta económica de ajustes, no renuncia a sus máximas, pero concede un plazo de gracia a su excolega para tomar las medidas de recorte y confían en el camino trazado por el ministro. Los economistas, en cambio, urgen a que se definan ya las restricciones de gasto. “Parece haber un consenso entre los gremios y las autoridades de Finanzas para ignorar al gran elefante de la habitación: el déficit público. Se han contentado con que les reduzcan los impuestos”, apunta Gabriela Calderón, columnista e investigadora de Cato Institute, un laboratorio de ideas de Washington (EE. UU.).
Martínez ha anunciado que reducirá el déficit primario (la brecha entre ingresos y gastos) en un plazo de tres años, pero lo que preocupa a los economistas -que no dejan de reconocer que sus propuestas son importantes y necesarias- es que el ministro no haya incluido en esos cálculos lo que debe pagar el país cada año por deuda. La ecuación no les cuadra.
“Reducir el déficit primario no equivale a reducir el déficit público ya que este, con el servicio a la deuda, llega a 8.000 millones de dólares cada año”, matiza Alberto Acosta, economista y editor de la Revista Análisis Económico. “Lo que el ministro dijo es que quería reducir el déficit cada año un 1 % del PIB, pero eso no está regulado en la ley y eso no se puede lograr sin reducir el gasto”. Para Acosta, la ley presentada es muy genérica, no precisa en qué porcentaje se irá cerrando el desequilibrio fiscal cada año hasta 2021 ni encarga a un organismo (como Contraloría o la Asamblea, por ejemplo) la misión de vigilar el cumplimiento de metas del plan de estabilidad. “Eso deja la puerta abierta a que llegue 2021, nos hayamos endeudamos más y digan, al dejar el Gobierno, que hicieron su mejor esfuerzo, pero no solucionaron el problema”, vaticina con malestar.
FUENTE: DIARIO EXPRESO (EC)[:]