Hasta la fecha, Ecuador ha implementado un 75% del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC), instrumento internacional que apunta a incrementar la competitividad de los sectores productivos; la diversificación de las exportaciones; el mejoramiento del clima de negocios; la reducción de la corrupción y de gastos administrativos; el aumento de la eficiencia e ingresos fiscales; la promoción de normas comunes y armonización internacional; y, la previsibilidad.
En promedio, Ecuador es superior a los países de la región en la aplicación del Acuerdo y su plena implementación representaría una reducción de costos del comercio en un promedio del 12,2% al 13,9%. Adicionalmente, generaría una disminución en tiempos para las operaciones comerciales, el mejoramiento de la competitividad de productores y exportadores, así como, una mayor participación de las Mipymes y actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en el comercio internacional.
El AFC fue aprobado en diciembre de 2013 por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), durante su novena conferencia mundial ministerial desarrollada en Bali Indonensia.
El 15 de enero de 2019, el Ecuador depositó el Instrumento del Acuerdo ante la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio, a partir de esa fecha entró en vigor el AFC para el país y el 25 de febrero de 2019, mediante acuerdo, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) estableció el Reglamento de Funcionamiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC).
Desde entonces, se han desarrollado seis sesiones del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) y el Ministerio de Producción, en su calidad de presidente del cuerpo colegiado, ha presentado una Hoja de Ruta para implementar el AFC, que contiene acciones e indicadores que permitan la correcta aplicación de este Instrumento internacional.
En concordancia con su esencia, el Acuerdo de Facilitación del Comercio busca solucionar problemas que generan ineficiencia en las operaciones comerciales como: requisitos excesivos o documentación duplicada; falta de transparencia y previsibilidad; dificultades para el tráfico y el transporte de mercancías; falta de procesos automatizados y uso de tecnología de la información; falta de cooperación y coordinación interinstitucional, entre otros.
FUENTE: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA (EC)