Según las proyecciones del Gobierno, incluidas en la documentación que sustenta la proforma presupuestaria 2020, solo para cubrir los huecos fiscales y financiar las operaciones básicas del Estado, en los próximos cuatro años, se deberá obtener $36.197 millones más de deuda pública.

La deuda por ecuatoriano pasaría de $3.281 a $5.400 (hasta 2023), tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es de $6.200 y que la economía crecerá menos del  1% en promedio. El 50% de la riqueza anual por ecuatoriano estará comprometida por el creciente endeudamiento.

Uno de los principales problemas estructurales es que el pago de la deuda adquirida representa, cada año, entre el 8% y el 9% del PIB. En los próximos cuatro años se deberá entregar $13.002 millones en pago de intereses y $24.128 millones en desembolsos de amortizaciones.

La consecuencia más grave de este nivel de deudas es que esos pagos superan, en más de tres veces, los presupuestos destinados a salud y educación.
Gasto corriente 
A pesar de que según Richard Martínez, ministro de Economía, se proyecta a reducir en 2020 los sueldos de la burocracia en $455 millones y las compras públicas en $246 millones, el total de gastos corrientes siguen representando el 50% de los ingresos del Estado.

Aunque el próximo año se reduzcan los desembolsos en sueldos, a partir de ahí, volverán a subir: en 2020 se gastarán $8.897 millones en los empleados públicos y en 2023, $9.140 millones; es decir, $243 millones más.
Las compras públicas también volverán a crecer, aunque en menor medida. De los $2.138 millones pasará a $2.221 millones dentro de cuatro años.

Según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, el problema es que la estructura de gastos es inflexible. El 93 % está en los sectores de Defensa, Policía, Educación, Salud, Bienestar Social, Trabajo, Vivienda, IESS, Issfa, Isspol e intereses de la deuda. Es más, el 35% de los ingresos petroleros y tributarios se van directamente para transferencias a los gobiernos locales y universidades.

A todo esto, se suma que, aunque en la proforma 2020 se establece ingresos por focalización de subsidios a los combustibles de $657 millones, el gasto total por ese concepto seguirá siendo alto y llegará a los $1.956,78 millones anuales.

El esquema básico de todos los subsidios, incluyendo bonos y otras ayudas directas, representará desembolsos por $5.455,42 millones.

“El Gobierno eliminó los subsidios a los combustibles y propuso otras reformas que en conjunto podrían haber proporcionado al Estado ingresos por más de $2.000 millones, a fin de reducir el déficit. Sin embargo, triunfó la irracionalidad y se destruyeron las perspectivas de construir una buena economía y cuentas públicas sanas”, dijo Carrera.

Fuente: LA HORA (EC)