En este mes, el Gobierno debe enviar el presupuesto 2021 para su aprobación a la Asamblea, el cual contendrá las primeras directrices fiscales de la nueva administración.
La Constitución establece que el Ejecutivo presentará al Legislativo la Pro forma anual y la programación presupuestaria cuatrianual, en los primeros 90 días de su gestión. La Asamblea tiene 30 días para aprobar u observar el texto.
Se trata de una prueba clave para el Gobierno que no tiene mayoría en el Legislativo. La primera resistencia a las políticas económicas del Régimen se evidenció la semana pasada cuando la Asamblea rechazó la adhesión del convenio sobre resolución de disputas Ciadi, un instrumento con el cual busca atraer inversiones.
La Pro forma 2021 también será un insumo para fijar las metas fiscales en las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), explica Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal.
El ministro de Economía, Simón Cueva, había señalado que espera cerrar este mes los diálogos para mantener el financiamiento con ese ente.
Si el país pasa la segunda y tercera revisión del acuerdo recibirá del FMI USD 400 millones que no logró en abril pasado y otros 400 millones previstos para el 15 de este mes.
Hasta julio los atrasos sumaron USD 1 780 millones. Y se prevé que en el 2021 el hueco fiscal sea de 4 000 millones a 5 000 millones, pero todo dependerá de si se llega a un acuerdo con el FMI, dijo Fausto Ortiz, ex titular de Finanzas.
Este mes Cueva ofreció presentar su plan económico. Y en octubre debe enviar a la Asamblea la Pro forma 2022.
No es el único desafío para el fisco en los cinco meses que restan del año. Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), universidades y politécnicas ya no tendrán que esperar que el Fisco les devuelva el IVA, pues retendrán directamente ese tributo desde este mes, como estableció una Ley que entró en vigor el 2 de julio.
“Los GAD se van a quedar con el dinero. Eso agrava el tema de la caja fiscal, pero aliviana la situación de los GAD”, dijo el tributarista Javier Bustos.
El director del Consorcio de Gobierno Autónomos Provinciales del Ecuador, Edwin Miño, señaló que el pasado sábado el SRI dictó una resolución y, con ello, la norma se aplica desde ayer. “Las prefecturas saben cómo lo harán”.
La Resolución No. 37 establece que los valores de IVA retenidos por los GAD se informarán cada mes en el formulario de IVA, en la casilla 802.
Además, el Gobierno no estaba devolviendo a tiempo este tributo y acumuló deudas, que también deberán cancelarse. Hasta junio eran USD 138 millones, según el Congope.
“Hay menos de seis meses para que se fije un plan de pagos. Estamos discutiéndolo con Finanzas”, indicó Miño.
Junio fue un buen mes para los tributos, pues la recaudación superó igual mes de 2020 e incluso de 2019. Pero en julio se recaudaron USD 150 millones por debajo del 2019.
Con ello, Ortiz cree que la recaudación estará en 13 200 millones este año, debajo del 2019, año de prepandemia. “El único impuesto que puede tener apoyo en la Asamblea para subir esas cifras es el patrimonial. Simón Cueva ha dicho que buscará que los ricos paguen más, uno podría entender que está diciendo que solo es viable es el patrimonial”.
FUENTE:EL COMERCIO (EC)