El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por $ 350 millones para Ecuador. La entidad busca apoyar los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para mejorar la equidad, integración y sostenibilidad de los programas de protección social en el país.

Se espera beneficiar a más de 228.000 hogares con hijos menores de edad y adultos mayores que viven en condiciones de extrema pobreza.

El proyecto tiene dos componentes: uno dirigido a mejorar la focalización de programas a través del mejoramiento del mecanismo de selección de beneficiarios y de la provisión de servicios asociados a las transferencias monetarias; el otro, a proporcionar asistencia técnica para mejorar la efectividad de los programas a través del monitoreo, evaluación y fortalecimiento institucional.

Berenice Cordero, Ministra de Inclusión Económica y Social, afirmó que “para mejorar la eficiencia del gasto público, los principales desafíos para los Programas de

Protección Social en Ecuador son aumentar la cobertura de la población pobre y mejorar la eficacia de los programas existentes para prevenir y reducir la pobreza y promover el desarrollo del capital humano”.

“A través de este proyecto, Ecuador podría estar entre los primeros países de la región que logre vincular a los beneficiarios de las redes de protección social con los servicios laborales y, de este modo, mejorar su capacidad de obtener mejores

ingresos y mayor bienestar”, señaló Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Agregó que “las lecciones aprendidas de este proceso serán clave para enfrentar desafíos similares en otros países y contribuirían significativamente a mejorar el conocimiento sobre el impacto de los programas de transferencias monetarias.”

Las principales actividades del proyecto se enfocarán en el mejoramiento de la cobertura de los programas de protección social en la población más pobre, lo que permitirá alcanzar mayor equidad.

Se efectuarán también acciones ligadas a promover la integración entre los servicios de cuidado a la primera infancia y el adulto mayor y las transferencias monetarias que recibe cada hogar en condiciones de pobreza.

Además, se contempla el desarrollo y la implementación de estrategias de salida y transición para los beneficiarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad, garantizando el acceso de estas personas a programas productivos y de inclusión laboral, y apoyando así la sostenibilidad de la red de protección social en su conjunto.

FUENTE: DIARIO EL EXPRESO (EC)