La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional tramita una nueva reforma a la Ley de Defensa del Consumidor.

Para la Cámara de Comercio de Guayaquil esta nueva normativa adolece de los mismos defectos que el proyecto de la Ley de Defensoría del Pueblo que el presidente Lenín Moreno objetó hace poco: “Aumenta la inseguridad jurídica e ignora principios constitucionales básicos del debido proceso. Así como dicho proyecto se vetó por inconstitucional, este nuevo texto debe ser descartado”, dice el gremio.

La propuesta renueva y otorga superpoderes a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. El objetivo principal que persigue este proyecto es que las funciones que hoy tiene la Defensoría del Pueblo respecto a las infracciones a la Ley de Defensa del

Consumidor se trasladen a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, desde el punto de vista de la Cámara.

“Esta renovada Superintendencia de Defensa del Consumidor, Competencia y Control de Poder de Mercado tendrá amplísimas facultades para dictar medidas cautelares e imponer sanciones y multas”, sostiene.

El proyecto de ley le permite imponer cualquier medida cautelar que estime conveniente contra los denunciados por infringir la Ley de Defensa del Consumidor, requerir cualquier información que desee; allanar locales; y pedir el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones.

Además, se faculta a cobrar por vía coactiva las multas que la ley contempla, y que este proyecto hasta cuadruplica. “Este tipo de prácticas generan incertidumbre a la actividad comercial y afecta la seguridad jurídica”, indica el gremio. Agrega que por si no fuera suficiente, en toda denuncia ante esta Superintendencia o en acciones judiciales se presumirá como cierto lo que diga el denunciante (consumidor) y se traslada la carga probatoria al proveedor o distribuidor.

“Para dificultar aún más la defensa, el tiempo para interponer acciones judiciales en esta materia se aumenta a 5 años. Si esta ley entrara en vigencia, las empresas tendrían que afrontar investigaciones por hechos que pasaron hace 5 años. En esas investigaciones ellos tienen el trabajo de desmentir al denunciante, quien no necesita aportar una sola prueba.

Durante el trámite, la Superintendencia puede dictar cualquier medida cautelar que se le ocurra que es pertinente. Y si pierde, puede pagar multas de hasta treinta salarios básicos ( 11.820 dólares).

No obstante, el Gobierno dice que lo que busca es que se cumplan los derechos, tanto del comerciante como del consumidor.

En otras partes del mundo cuando el cliente pide un cambio de la mercadería esto se efectúa de manera inmediata y hasta se compensa al comprador por la pérdida del tiempo perdido. Desde el punto de vista del consumidor, en el país falta por trabajar para dar una mejor atención y servicio al cliente. LZA

Datos

Queja común

Los clientes dicen un artículo recién comprado que no funciona es arreglado en lugar de cambiarlo por uno de paquete.

Tiempo

Hacer un reclamo lleva mucho tiempo y no hay solución inmediata.

FUENTE: DIARIO EXPRESO (EC)