El Estado Peruano contrató al estudio Arnold & Porter Kaye Scholer, de Estados Unidos, para tener asesoría jurídica ante el arbitraje internacional presentado por la empresa española.

Tras recibir la demanda de la empresa española Enagás hecha ante el Ciadi, en la cual se reclama la devolución de US$511 millones invertidos en el cancelado proyecto del Gaseoducto Sur Peruano (GSP), el Estado Peruano contrató al estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para preparar su defensa.

Esta contratación fue aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según una resolución publicada

Como se recuerda, en enero del 2017, el Estado Peruano canceló la concesión que tenía el consorcio GSP – conformado por Enagás, Odebrecht y Graña y Montero- sobre la construcción del gaseoducto.

La decisión se dio porque no lograron conseguir el financiamiento para la continuación de las obras.

Tras ello, y luego de haberse cumplido los seis meses de trato directo para la resolución de este problema, la empresa española decidió interponer un arbitraje internacional en el Ciadi con el objetivo de recuperar la inversión realizada en el proyecto.

Frente a ello, el Ministerio de Energía y Minas (MEF) expresó que el pedido de la empresa no tenía fundamento, debido a que el proyecto se resolvió en una etapa distinta a la operativa.

Señalaron que la cláusula número 20 del contrato firmado entre ambas partes, donde se regula cómo se realizará el procedimiento para la valorización de los bienes al término de la concesión, estipulaba este punto.

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO (PE)