[:es]Una de las patronales más importantes de Bolivia denunció ante la Conferencia Internacional del Trabajo una serie de medidas económicas del Gobierno boliviano, informó ayer esta entidad empresarial.
“En estos momentos, una delegación institucional se encuentra presentando una denuncia ante la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla en la ciudad de Ginebra, Suiza”, dijo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas.
El presidente aseguró que la patronal emprendió “acciones de defensa” de sus derechos ante este foro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo, añadió, es activar “los mecanismos legales correspondientes para que los gobernantes cumplan con los compromisos adquiridos en el marco del respeto al mundo del trabajo”.
A su juicio, el Gobierno de Evo Morales y la Central Obrera Boliviana, la mayor organización sindical del país, ignoran acuerdos internacionales que obligan a la consulta “con plena participación del sector privado”.
El Ejecutivo y este sindicato acordaron hace un par de meses incrementos salariales, que son obligatorios por ley en Bolivia, y una norma que permite a los trabajadores hacerse con empresas en determinadas circunstancias, contra la que esta patronal anunció un recurso de inconstitucionalidad.
El acuerdo representa “un franco menosprecio a la legalidad”, en opinión de los empresarios, que a través de su presidente denunciaron haber sido marginados “de todo proceso de diálogo y negociación sobre los aumentos”, pese a ser quienes deben abonar “el costo final de estas decisiones”.
Nostas hizo estas declaraciones durante el Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores de Bolivia en Santa Cruz, la capital económica del país.
La Conferencia Internacional del Trabajo reúne a gobiernos, empresarios y trabajadores para discutir de cuestiones laborales en el marco de la OIT.
El aumento salarial, en vigor desde el pasado 1 de mayo con carácter retroactivo al 1 de enero, establece un incremento del 5,5 % al salario básico o de contratación y del 3 % al sueldo mínimo nacional, hasta el equivalente a 296 dólares.
Además, está acordado el pago de un doble aguinaldo de Navidad, una medida que se otorga a los trabajadores cuando el crecimiento económico supera el 4,5 % entre junio de un año y julio del siguiente, y los empresarios consideran un cálculo infundado para este año.
Estas medidas conllevarán un coste de unos 680,7 millones de dólares, según el empresariado.
Asimismo, la ley también promulgada en mayo y que otorga a los trabajadores la reapertura de fábricas declaradas en quiebra o abandonadas por sus propietarios, al margen del empresario, es considerada por la patronal como un atentado a la propiedad privada.
Los empresarios privados se declararon en emergencia desde hace un par de meses tras conocerse el acuerdo entre Gobierno y sindicato.
FUENTE: JORNADANET (BO)[:]