La no entrega de estados financieros y el no pago de contribuciones hicieron que, en los dos últimos años, la Superintendencia de Compañías ubicara en estado de disolución y liquidación a 5.265 empresas. De esos casos, casi 2.000 se presentaron el año pasado.

El haber entrado a un proceso de disolución y liquidación significa ya una alerta, pues es la antesala al paso final que se requiere para su cancelación, es decir su cierre definitivo.

Datos de la Superintendencia señalan que el año pasado hubo 1.810 compañías que fueron declaradas disueltas y liquidadas, y 407 más estaban por inscribir su cancelación en el Registro Mercantil. Según las autoridades, procesos como el de liquidación depende de la cantidad de activos y pasivos que las empresas tengan. Por ello, muchas llegan a demorar años, por los pasivos que tienen que cancelar antes de su cierre.

De las empresas que entraron en estado de disolución y liquidación el año pasado, la mayoría (el 43,8 %) opera en la provincia del Guayas: 793 empresas. En el listado le siguen las de Pichincha (482), Azuay (138), Manabí (137) y Loja (78).

Si bien la falta de entrega de los estados financieros fue una causal básica para entrar en proceso de inactividad, lo importante para algunos analistas es leer lo que está detrás de ese incumplimiento.

Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), habla de los años difíciles que los empresarios han tenido para hacer que sus compañías sean realmente rentables. Y eso, explica, se da por trabajar en medio de una economía que viene desacelerándose.

“Lo que ha pasado con estas empresas es que también han venido acumulando pérdidas que llegan a ser más grandes que el propio patrimonio. Entonces, puede que sí, que no presenten sus estados financieros, pero también es porque han ido quebrando, porque su salud financiera no es buena”.

Y eso, dice, repercute negativamente en la generación de valor de estas compañías, en su oportunidad de crecer y generar más empleo en el país.

“Si usted no vende, no genera rentabilidad, no crece; simplemente no contrata más y se opta por desvincular a trabajadores. Entonces, la consecuencia de que las empresas cierren es el estancamiento laboral”, sostiene.

Hasta el pasado 11 de febrero, el ente de control registraba en sus libros un total de 171.167 sociedades a nivel nacional. Sin embrago, allí también se contabiliza a las 2.217 que el año pasado entraron en el proceso de disolución, liquidez y cancelación (las no inscritas en el Registro Mercantil). También, a las 8.833 compañías que, se asegura, fueron creadas en el 2018.

De las 171.167, el sector comercial es el que más empresas aglutina, con un total de 45.072. Con una brecha amplia, le siguen las firmas dedicadas a la actividad inmobiliaria (18.396), al transporte y almacenamiento de productos (15.325), a la construcción (14.902), a la agricultura (12.822) y a la producción manufacturera (12.816).

Constitución

El 41 % se crea vía online

Según la Superintendencia de Compañías, en el 2018 se crearon en total 8.833 sociedades en el país, de las cuales el 41 % (3.623 firmas) se constituyó vía digital y las 5.210 restantes, de forma convencional. De las 171.167 que están registradas en el país, apenas el 3,6 % opera en el campo de la información y la comunicación.

FUENTE: DIARIO EL EXPRESO (EC)