Actores sociales y políticos de la provincia de Azuay están a la expectativa de la resolución que tome la Corte Constitucional (CC) respecto de la solicitud de constitucionalidad a dos preguntas encaminadas a realizar consultas populares para decidir sobre el destino de la explotación minera.

La Corte podría resolver este martes si son constitucionales las preguntas planteadas por el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, para que se consulte si “¿está de acuerdo con la prohibición, sin excepción de explotación minera en Azuay?”.

Y la del alcalde de Camilo Ponce, Elías Baldor, de si se está de acuerdo con la actividad minera legalmente otorgada por los organismos competentes respetando el medioambiente y los recursos hídricos.

Pérez realizó ayer una protesta por varias calles de Quito hasta la Corte  para exigir que se dé paso a su propuesta.

Detalló que  hay decenas de amicus curiae respaldándolos, entre ellos, de once  obispos de la Iglesia católica y de organizaciones sociales ambientales.

“Estamos alertas para decir a la Corte que, si falla en contra, iremos por una consulta popular nacional, y se reactivará la resistencia”, comentó.

De forma paralela, varios profesionales del área minera, defendieron la explotación de este recurso.

Uno de ellos era Javier Mendieta, del Colegio de Ingenieros de Azuay, quien cuestionó que si la pregunta es calificada en la Corte y hay una respuesta positiva en la consulta popular, al menos 15.000 personas perderán sus empleos.

“Estaríamos frente a una indefensión porque nos quitarían el derecho al trabajo. Hay un discurso antiminero que nos dejará sin trabajo”.

FUENTE: EL UNIVERSO  (EC)