El Consejero del Presidente de la República, Santiago Cuesta, mantuvo el pasado 17 de enero de 2019 una reunión con dirigentes sindicales de las empresas de telecomunicaciones (CNT) y eléctricas del país (Fedelec).
En dicho encuentro, Cuesta anunció que el Gobierno creara dos nuevas empresas públicas a las que se pasarán los activos de CNT y de las empresas eléctricas, respectivamente.
Esto forma parte del proyecto de concesión de la administración de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones, que tiene previsto este año concretar el Gobierno.
Con esta operación el Estado recibiría cerca de $ 24 mil millones por la firma de contratos de adhesión, adicional el 25% del Impuesto a la Renta que generen los nuevos administradores anualmente y los trabajadores el 15 % de utilidades anuales mientras dure la concesión.
Cuesta indicó a los dirigentes que uno de los principales problemas de CNT EP y de las empresas eléctricas es que no tienen balances económicos que permitan visualizar el real estado de las empresas públicas, desconociendo el margen de utilidades que generan a favor del Estado.
La concesión, según el funcionario, se basa en conseguir una banca de inversión para conseguir una empresa operadora de telecomunicaciones y electricidad que administre las empresas, así como el dinero que se requiere para la inversión y mejoramiento de estos sectores estratégicos.
Aclaró que la concesión de la administración “no es privatización” y recordó que el Gobierno anterior “si decidió vender el 49% de las acciones de CNT por un valor de $ 700 millones de dólares”, y dijo que en caso de haberse efectuado, “hubiese ocasionado un grave perjuicio al pueblo ecuatoriano”.
Explicó que solo las administraciones de las mismas, serán concesionadas entre 20 a 25 años mediante licitaciones y ratificó que el 100% del patrimonio seguirá siendo del Estado.
En el contrato de concesión, la nueva administración deberá asumir todo el pasivo laboral. Esto abarca los derechos individuales y colectivos de trabajadores activos y jubilados.
Además se incluirá una cláusula donde el nuevo administrador deberá cumplir con todos los derechos establecidos en la Constitución, Mandato 8, Código del Trabajo y Contratos Colectivos.
El proceso requerirá una auditoria que permita cuantificar las redes, postes, medidores, equipo, etc., estudio que tomaría alrededor de 3 años.
En el caso de CNT, su inventario se está terminando, mientras el del sector eléctrico ya el Gobierno lo tiene en función de un esfuerzo técnico de un equipo de trabajo designado para el efecto, según Cuesta.
FUENTE: DIARIO EXPRESO (EC)