Un estudio actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) revela el impacto que tendrá la jubilación anticipada para maestros dispuesta en la reforma a la Ley de Educación Intercultural, de llegar a aplicarse.
La norma, que fue aprobada en abril del 2021 por la Asamblea sin observaciones del Gobierno anterior, crea una jubilación especial o anticipada para los profesores, quienes podrán jubilarse con 25 años de aportes y sin límite de edad, pese a que el resto de afiliados requiere 30 años de aporte y tener 60 años de edad.
El IESS presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Mientras el trámite se resuelve, la aplicación de la Ley está suspendida. Si no obtiene un fallo a su favor, el IESS advierte que el beneficio para los docentes provocará un grave daño al Fondo de Pensiones.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya advirtió que los ahorros que sirven para pagar las jubilaciones del IESS se terminarán en 17 años (2037) en un escenario de lenta recuperación económica y considerando que el Estado cumpla con su aporte del 40%.
Pero, según el estudio actuarial, de llegarse a implementar la jubilación especial, la situación del Fondo se agravaría y desaparecería 7 años antes. En un escenario en que la economía se recupera lentamente, los ahorros del IESS se agotarían en el 2030 y ya no habría recursos para pagar completas las pensiones.
Ese escenario considera que el Fisco pague el aporte del 40% que debe hacer por Ley para cubrir las pensiones de los jubilados. “En caso de que el Estado cancele un porcentaje menor o pague extemporáneamente, el tiempo de vida del fondo se reducirá aún más”, se apunta en el informe.
En el texto se señala que si el Fisco no cubre de forma oportuna las pensiones anticipadas de los profesores se debería subir la tasa de aporte de todos los afiliados en un 2,56%.
Esto significa que la prima para el seguro de pensiones subiría al 13,62% y eso suponiendo que el resto de aportes que debe hacer el Estado al IESS se cumpla puntualmente.
Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, explica que la Ley Educativa tendrá un impacto inmediato en el Fondo de Pensiones, que antes de la aplicación de la norma ya tenía un problema de solvencia. “El enfermo está ya muy grave y con esto ya estamos dándole una muerte segura”, afirma.
Ibarra dijo que un maestro que aporte 25 años se podrá jubilar a los 50 años y tendrá una pensión por 30 años, según la esperanza de vida. Es decir, recibirá un beneficio más allá del número de años que aportó, lo cual no es sostenible.
César Rodríguez, vocal de los empleadores en el Directorio del IESS, dijo que, de aplicarse la jubilación especial, en el 2022 ya se tendría 12 000 docentes que accedan al beneficio, un alza del 40% en la tasa anual de crecimiento normal de pensionistas. Dijo que “el déficit actuarial con la nueva Ley es de USD 88 692 millones”.
Además, dijo que la Ley Educativa no considera el principio de igualdad de la Constitución, pues fija parámetros para los maestros distintos al resto de afiliados.
Las recomendaciones de la normativa internacional señalan que sí se puede generar condiciones más flexibles de jubilación, pero siempre hay que analizar la capacidad económica del IESS o la actividad que realice el asegurado, por ejemplo, si es de riesgo, explicó la experta en seguridad social, Patricia Borja. Por ejemplo, trabajadores mineros tienen más riesgo que otra población. Para ella, ese análisis no se hizo antes de aprobar la Ley.
El estudio del IESS enfatiza que no se evidencia que los maestros presenten un riesgo mayor frente a la población pensionista en general, “por lo que no se justifica la entrega de una prestación anticipada”.
Los asambleístas aprobaron con mayoría absoluta la prestación sin estudios ni financiamiento, pues solo se señaló que el Estado deberá financiar.
El Gobierno ha planteado crear un fondo con activos estatales para dotarle de sostenibilidad al IESS, pero siempre que los recursos generen alta liquidez al ente, dijo Ibarra.
FUENTE: EL COMERCIO (EC)