Ecuador propone un Fondo Latinoamericano para la conectividad y se trabaja para que los latinoamericanos más vulnerables se incluyan en el proceso de transformación digital. Los países de América Latina y el Caribe deben intensificar sus políticas públicas, para desarrollar la conectividad digital en la ruralidad de nuestros países.
Esta es una de las conclusiones de los participantes del segundo panel de la VII Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, en el marco de la ELAC2020, que preside Ecuador. La viceministra de Comunicaciones del Perú, Virginia Nakagawa, resaltó el impacto e importancia de la conectividad rural, tras revelar los sacrificios que deben hacer los hogares peruanos de bajos ingresos, que les demanda un gasto mensual promedio de $ 100, solo en acceso a internet, según un estudio reciente.
Ahí radica la importancia y la urgencia de aplicar políticas públicas inclusivas por parte de los Estados, para superar la brecha digital y enfrentar la inequidad social. Además, relievó la importancia de contar con un Ministerio rector del sector, como en el caso del Ecuador, que tiene su Ministerio. Ángel Melguizo, presidente de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, resaltó que 3 de cada 10 latinoamericanos no tienen internet en absoluto.
La situación se agudiza en los hogares pobres. De ahí que uno de los retos es dotar de conectividad de calidad para cubrir la demanda en temas urgentes, como la educación. Resaltó que otro reto para la región es mejorar la calidad de la inversión pública y privada y que debe haber una regulación inteligente de los fondos de servicio universal, sobre todo para sitios focalizados que atiendan a los más vulnerables. Propuso que los operadores usen los fondos para que gestionen la conectividad en las áreas rurales de los países de la región.
Yacine Khelladi, coordinador para América Latina y el Caribe de Alliance for Affordable (Internet Alianza para Internet Asequible), destacó la importancia de la asequibilidad, es decir, es importante garantizar la capacidad ciudadana para pagar la conectividad. La brecha digital amplifica la brecha social, y una mayor conectividad generará más equidad. Resaltó lo que llamó “conectividad significativa”, nuevo concepto para que los Estados incluyan: más velocidad, acceso a dispositivos, datos ilimitados y uso diario. Esto representa pasar del actual 42% de conectividad bajo estas características, al 90%; esa transición tecnológica le constaría a América Latina $ 40 mil millones, por eso el sector requiere nuevos incentivos. Rodrigo de la Parra, vicepresidente para América Latina de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, propuso trabajar en la infraestructura de una agenda digital integral, que incluya la apropiación social de las nuevas tecnologías. Agregó que la infraestructura pasada de pronto no se ha optimizado del todo.
En la nueva realidad, la gente produce y tiene oportunidades si está conectada; el que no, está aislado. La pandemia puso una prueba de estrés a todos los sectores, especialmente al tecnológico que soportó un uso masivo. Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de México, resaltó que las TIC son un factor de inclusión y resiliencia, sobre todo de los olvidados. “Más que esfuerzo, es una obligación del Estado dar acceso y cobertura a los ciudadanos”.
Resaltó que en México, sobre un área de 2 millones de km2, unos 40 millones no tienen conexión ni cobertura, por lo que el Gobierno tiene el reto de cubrir su territorio nacional con acceso a internet. Acotó que de las 300.000 localidades del país, 180 mil están aisladas y esperan cubrir 160 mil en lo que resta del 2020 y el 2021. En el foro participaron, además, James Kwasi Thompson, Ministro de Estado en la Oficina del Primer Ministro de Bahamas; Lidia Brito, directora de la Oficina de Ciencias de América Latina y el Caribe de la UNESCO; Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile; Mischa Dohler, profesor de King’s College London; Lucas Gallito, Director para América Latina, Asociación de Operadores Móviles (GSMA), y Patricia Falconí, Subsecretaria de Telecomunicaciones de Ecuador y representante de la Presidencia de la Mesa Directiva de eLAC. Paralelamente, se desarrolló el panel “Hacia la coherencia de políticas y la integración digital en América Latina y el Caribe”, en la cual participó la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos del Ecuador, Lorena Naranjo.
En el encuentro se debatió sobre la seguridad de la información y protección de datos personales. Los participantes coincidieron en generar políticas de protección de datos aplicables y compatibles de manera regional, teniendo como referente los modelos europeos, donde hay un mercado único digital. Naranjo mencionó que el Gobierno trabaja una propuesta de Ley de Protección de Datos Personales, entendiendo que el resguardo digital debe integrar soluciones aplicables en un contexto donde las fronteras digitales no existen.
FUENTE: EL TELÉGRAFO (EC)