Entre mayo de 2020 y mayo de 2021 gasolinas y diésel registraron una reducción del subsidio, pero en GLP aumentó.
El Estado pagó $ 599 millones en subsidios a los combustibles importados entre mayo del 2020 y mayo del 2021, según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). En ese periodo hizo importaciones de naftas, diésel y gas licuado de petróleo (GLP) por $ 2.875 millones y vendió internamente combustibles por $ 2.275 millones. De acuerdo con el ente, este monto es menor al que se pagó los trece meses anteriores (abril 2019-abril 2020) por subsidios a combustibles importados: $ 1.174 millones. Esto, tomando en cuenta que en ese lapso se compraron combustibles por $ 3.902 millones y se recibieron ingresos por la venta en un total de $ 2.727 millones.
El sistema de bandas para fijar el precio de los combustibles, que justamente entró en vigencia desde mayo del 2020, la caída del precio del crudo (sobre todo en 2020), así como el menor volumen consumido debido a la pandemia generaron la reducción de ese monto del subsidio.
Al mirar más de cerca el comportamiento de los diferentes combustibles, se puede notar que el sistema de bandas que ha generado un incremento paulatino y sostenido de los precios sí ha dejado beneficios al Estado. Por ejemplo, según el BCE, la importación de naftas representó un subsidio de $ 206 millones de abril del 2019 a abril del 2020, pero entre mayo del 2020 y mayo del 2021 fue de un millón positivo. Es decir, ya no hubo subsidio. Entre tanto, el diésel sí sigue generando un resultado negativo que llegó a $ 287 millones (mayo 2020-mayo 2021). De todos modos la cifra es menor al subsidio entre abril del 2019 y abril del 2020: $ 760 millones. El GLP (que no tiene sistema de bandas) sí mantiene un subsidio mayor: pasó de $ 208 millones (abril 2019-abril 2020) a $ 312 millones (mayo 2020-mayo 2021).
Sin embargo, este panorama del BCE se muestra incompleto, pues falta un componente importante que tiene que ver con el combustible producido en el Ecuador y que también genera gastos e ingresos y para algunos expertos es una pérdida por costo de oportunidad de venta en el exterior.
En octubre del 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideraba la creación del sistema de bandas como una reforma histórica que permitiría “reequilibrar el gasto: de subsidios a los combustibles hacia la asistencia social”. Calculaba que la medida generaría ahorros fiscales duraderos, por un total de casi $ 3.000 millones en seis años (2020 y 2025), en comparación con un escenario sin dicha reforma.
También planteaba que parte de esos ahorros fiscales (alrededor del 0,9 % del PIB, unos $ 900 millones) devendría en un aumento del gasto social a medida que la cobertura de las familias pobres mejore con los programas sociales. Recomendaba adicionalmente una sólida campaña de comunicación en torno a las bases y los beneficios del mecanismo para la sociedad ecuatoriana, en general, sería de suma importancia para asegurar la sostenibilidad. Ahora, el gobierno de Guillermo Lasso negocia un acuerdo más profundo con el FMI, pero aún no se conocen los detalles.
En todo caso, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explicó que el Estado no ha recibido un ahorro por el sistema de bandas, simplemente “el hueco es menor”.
Sin embargo, sí considera que es un desafío que debe cumplir el Gobierno el de transparentar las cifras y efectivamente, como indicaba el FMI en su análisis, buscar que esos menores pagos en subsidios y un esfuerzo de crear ahorro permitan redirigir esos recursos a temas sociales.
Recordó que cuando los precios del crudo están altos, el subsidio también crece, por lo que durante la bonanza petrolera hubo un gasto en subsidios del orden de $ 5.000 millones anuales, es decir, mucho más de lo que se asignaba a salud o educación. Por ello dice que “el tema de fondo es que en un país pobre no se puede alimentar a los vehículos en vez de priorizar la educación de nuestros hijos”. El sistema de bandas permite ir corrigiendo el problema, pero el subsidio aún sigue siendo alto, asegura. La salida, según Acosta Burneo, es focalizar los subsidios para el transporte masivo, pero no para los particulares.
En estos días se discute el destino de los subsidios. Desde algunos sectores se considera seguir con el sistema de bandas, aunque moderándolo, y otros piden congelamiento de los precios. Sin embargo, varios analistas coinciden en que existe falta de claridad en las cifras y más aún del destino de los fondos que se dejan de pagar por subsidios.
Al momento hay cifras que no coinciden. El BCE establece que existe un subsidio menor; en el anterior Gobierno se aseguraba que solo en diésel había habido un ahorro por las bandas de $ 600 millones. Pero esta semana los trabajadores energéticos emitieron datos oficiales de Petroecuador que indicarían que no existe dicho subsidio y más bien hay una utilidad.
Sobre este último dato, David Almeida, presidente de la Asociación de Trabajadores de Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep), explica que en el cálculo que hacen las autoridades no es el correcto, pues no se incluyen la comercialización total interna ni los costos de producción de Petroecuador.
Explicó que al hacer un ejercicio de lo ocurrido en el 2020 se puede ver que en los gastos están unos $ 3.652 millones: costo de producción y comercialización de Petroecuador está en $ 1.022 millones; la importación en $ 2.630 millones; mientras que en ingresos están exportaciones de derivados, venta en gasolineras, todo por un valor de $ 3.933 millones. Así resulta que hubo una utilidad de $ 281 millones.
En este sentido, dijo que se debería congelar el precio, pues el recurso petrolero les pertenece a los ecuatorianos. Para Almeida, entregar el negocio de la refinación de combustibles al sector privado (concesiones) tampoco es beneficioso para el Estado, puesto que este mismo genera utilidad aun más alta luego de haber implementado el sistema de bandas que ancla los precios a los internacionales.
FUENTE: EL UNIVERSO (EC)