Un mes ha pasado desde ese 12 de octubre, cuando el paro nacional convocado por el movimiento indígena y otros sectores sociales, en contra del ajuste económico del Gobierno, llegó a su punto más complicado.
La derogatoria del Decreto 883, que liberó el precio de los combustibles, fue el principal condicionamiento para concretar un acercamiento y deponer la medida de hecho.
Tras 10 días de bloqueos viales, toma de edificios públicos, daños a la propiedad privada y hasta cierre de bloques petroleros, finalmente ese sábado la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) aceptó entablar un proceso de diálogo, con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal.
Un día antes, el 11 de octubre, el presidente Lenín Moreno, desde Guayaquil, exhortó a los dirigentes a conversar directamente con él.
Además, hizo una diferenciación entre las movilizaciones del movimiento indígena y los actos vandálicos que se registraron durante el paro.
Los indígenas también deslindaron responsabilidades y marcaron distancia con el correísmo y otras tendencias que se plegaron.
La mañana del 12 de octubre, la Conaie instaló una asamblea en la Casa de la Cultura.
Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), anunciaba que aceptaban el diálogo directo con Moreno, pero bajo ciertas condiciones.
Principalmente, exigían que el encuentro se diera en un lugar neutral y que fuera transmitido a través de una cadena nacional.
Horas después de ese anuncio del movimiento indígena, se produjo otro hecho que marcó las protestas: la quema del edificio de la Contraloría.
Este segundo atentado contra el predio resultó devastador.
El Gobierno reaccionó disponiendo el toque de queda y la militarización de Quito y sus valles.
La medida se inició a las 15:00.
“Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, explicó Moreno.
Aun así, el edificio de Contraloría terminó destruido.
Los indígenas se replegaron a los centros de acogida, tal como lo recomendó el Gobierno.
“Es responsabilidad de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), destrabar la situación y evitar un baño de sangre”, decía un comunicado de la Conaie publicado a las 20:15, que confirmaba el acercamiento de la Conaie y el Gobierno.
Por la noche, pese al toque de queda, en diferentes barrios de Quito se activó un cacerolazo, con diversas motivaciones.
El acto fue una suerte de colofón de la jornada del 12 de octubre.
Por la noche y madrugada, se reportaron fuertes enfrentamientos entre los grupos que quedaron por fuera de los indígenas y que se replegaron de forma violenta hacia Tumbaco y Cumbayá, en sitios como la Ruta Viva, que conecta con el Aeropuerto de Tababela.
La tarde del domingo 13 de octubre se llevó a cabo la primera mesa de diálogo, en el sector de San Patricio, al sureste de la capital.
La cita se instaló con varias horas de retraso.
El país escuchó las intervenciones de Moreno y su Gabinete Ministerial, así como la postura de los dirigentes indígenas. Finalmente, el Jefe de Estado cedió y derogó el 883.
Como parte del acuerdo, el Gobierno adelantó que se elaboraría, a la brevedad posible, un nuevo Decreto sobre la política de subsidios a los combustibles. El movimiento indígena pidió ampliar el diálogo a más sectores sociales y para ello instaló el denominado Parlamento de los Pueblos.
El analista político José Luis Fuentes cree que, al inicio, el Gobierno priorizó la desactivación de lo que consideró un “intento de desestabilización”.
Por ello, diferenció al movimiento indígena de los grupos violentos, por la premura de recobrar la paz.
El experto asegura que el régimen tiene una urgencia económica y amplió el diálogo para buscar una salida más consensuada para la focalización de los subsidios de los combustibles.
Por lo tanto, los escenarios han ido cambiando, puesto que tanto el Ejecutivo como los indígenas han cambiado sus prioridades.
El Gobierno quiere un nuevo decreto para focalizar los subsidios, mientras que los dirigentes de la Conaie tienen un nuevo plan económico.
De ahí, el diálogo tiene con agendas distintas.
El Gobierno empezó a denunciar que entre los indígenas “también algo de violencia hubo”.
Moreno se reunió con policías y militares retenidos durante el paro y pidió considerar sus derechos.
El régimen ha concretado cerca de 80 mesas de diálogo, por fuera del proceso con la dirigencia indígena.
El 6 de noviembre pasado, Moreno anunció seis medidas para reactivar el agro, que, según dijo, surgieron como resultado de los diálogos ampliados.
La Conaie, que en principio planteaba derogar el 883, extendió su pliego de peticiones y apeló a la propuesta de un nuevo modelo económico, delineado con organizaciones sociales, sindicales e intelectuales de izquierda.
El documento fue entregado el 31 de octubre a José Agusto, secretario General de la Presidencia.
Desde entonces, no han tenido respuesta, señala Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik y miembro de la comisión política de la Conaie que coordinó el acercamiento con el Gobierno.
El dirigente afirma que tampoco hay un pronunciamiento sobre los 11 fallecidos y los 1 340 heridos en el contexto de las protestas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
“Si la búsqueda de la paz social y el combate a los grupos violentos generaron errores o se afectaron derechos humanos, implementaremos las medidas legales correspondientes”, señaló el Presidente.
Hoy se prevé una reunión de la dirigencia de la Conaie.
El movimiento definirá su hoja de ruta, frente a la propuesta que entregaron al Presidente.
Advierten que, si sus propuestas no son consideradas, o si el nuevo Decreto es similar al 883, se reactivarían las movilizaciones.
Convocarán asambleas para “tomar decisiones en colectivo”.
Analizarán el inicio de procesos legales contra el Estado ecuatoriano, por presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.
Las denuncias de vulneraciones a escala internacional ya tuvieron un primer momento, durante la visita de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recorrió el país a finales de octubre. Asimismo, arribó una delegación del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
Moreno instruyó a sus ministros a reforzar su trabajo en el campo y el dialoguen con las comunidades y logren un proceso de reconciliación: creó una Consejería de Gobierno para Política Territorial.
Vargas e Iza también recorrieron Sigchos durante el fin de semana; el titular de la Conaie llamó a que el movimiento indígena a defender lo ganado y “la voluntad del pueblo”.
Para hacerlo posible, dijo que el camino es llegar al poder en las elecciones del 2021.
FUENTE: EL COMERCIO (EC)